Luego de la entrega del plan económico alternativo por parte de los líderes indígenas, es posible reflexionar sobre los resultantes de la protesta social y la subsecuente reacción del Gobierno.
Por una parte, el Estado ha decidido continuar con su estrategia de reducir la brecha fiscal a través de una serie de propuestas de carácter urgente, las cuales tienen una diversidad que quizás ha sorprendido a propios y extraños; contienen proyectos que van desde la reforma a la Ley de Educación Superior hasta esquemas para modificar la estructura del Banco Central.
Independiente del trato que se dé a dicho paquete de reformas, su concepción misma demuestra que la postura gubernamental no ha sido repensada frente a los hechos ocurridos en octubre.
Por otro lado, los representantes indígenas decidieron considerar la eliminación del decreto 883 como una victoria política; la cual están utilizando para proponer un nuevo modelo económico de cara a las próximas elecciones.
Bajo esa premisa reemplazaron el diálogo con el poder de turno por un debate con organizaciones y personajes de pensamiento afín, poniendo sobre la mesa una visión de reducción de brecha fiscal utilizando impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad, los cuales han salido en respuesta con amplias expresiones en contra. Según comenta la élite económica ecuatoriana, el enfoque propuesto por la Conaie no hará más que alejar la inversión del sector privado.
El alejamiento de los actores de los eventos del mes pasado nos deja con un país claramente dividido. Quedamos con un Gobierno con la misión de reducir la brecha fiscal con capital político disminuido y al movimiento indígena con sus ojos hacia la carrera presidencial y no en la realidad nacional.
Los ciudadanos, mientras tanto, siguen preocupados por el creciente desempleo en el país, el cual no parece tener una solución viable en el corto plazo. No solo la distancia entre la izquierda y derecha se ha ampliado, además se extiende la separación entre la política y los ecuatorianos.
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