El país se encuentra en caos. Cada día de los ya nueve que han pasado del paro nacional convocado por la CONAIE y varias organizaciones de la sociedad civil, solamente nos han traído una mayor escalada de las protestas, tanto en la Capital, como a nivel nacional.
Según información del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, hasta hoy se contabilizaba una persona fallecida, tres en condiciones críticas, decenas de manifestantes con heridas oculares o impactos en el cráneo. Desde la Policía Nacional, se reportó varios gendarmes con heridas de distinto nivel. Además, se empezaron a reportar enfrentamientos entre la población civil. Las circunstancias se están volviendo altamente preocupantes y volátiles.
En horas de la mañana, el escenario continuaba creciendo peligrosamente hacia el caos social. Según información de varios medios digitales, se están militarizando los exteriores de las universidades Politécnica Nacional y Universidad Central, lugares que ayer se habían declarado zonas de paz y de acogida para niños, mujeres y adultos mayores indígenas.
También se comunicó de irrupciones no autorizadas por miembros de la Policía y el Ejército a la Universidad Católica y la Escuela Politécnica Nacional. Todos estos actos se suman a la toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de las fuerzas del orden, evento que solo había pasado en los tiempos de la dictadura militar, según palabras de su presidente, Fernando Cerón. Todo esto en el marco de dos Estados de Excepción que el Gobierno ha decretado.
El punto de no retorno hacia una grave crisis política y conmoción interna se está acercando rápidamente, y las decisiones que tome el Gobierno del presidente Guillermo Lasso durante las próximas horas marcarán el resultado. Hasta ahora, desde Carondelet se decidió enfrentar la protesta social con una política de barricada, intentando posicionar por parte del Ministerio del Interior que las manifestaciones de miles de personas a nivel nacional son financiadas por el narcotráfico y el crimen organizado. La estrategia no ha dado resultados y requiere de evaluaciones urgentes.
Según un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Edimburgo en el 2012, la respuesta de los agentes de control durante las manifestaciones, enfocada en una posición proactiva hacia el diálogo, en total alineación con una estrategia de las autoridades en ese sentido, tiene mayor eficiencia hacia evitar los incrementos en escaladas de violencia durante protestas. Esto quiere decir que, mientras mayor sea la represión, mayor la posibilidad de una respuesta social, a pesar de que las autoridades propongan el diálogo en su discurso.
El Gobierno debería ser el que empiece a reducir los niveles de represión, si espera poder sentarse con los líderes sociales que están movilizados. El tiempo se agota y los caminos del diálogo, aunque reducidos, aún son posibles.
Si esto no sucede, es evidente que el mecanismo constitucional conocido como ‘muerte cruzada’ se vuelve la vía final que le quedaría al Ecuador para no entrar en una crisis de su democracia. En este contexto, serán los ecuatorianos en elecciones anticipadas quienes decidan un nuevo rumbo, en el cual ojalá hayamos aprendido que si queremos evitar la marcha de los pueblos y nacionalidades indígenas a la capital (evento recurrente en la historia contemporánea), debemos establecer políticas válidas para reducir los enormes niveles de pobreza en los sectores rurales del país. La misma reflexión aplica para el Gobierno actual: requiere un cambio estructural en su estrategia política social para enfrentar la creciente pobreza de forma efectiva.