El proyecto inicialmente denominado Yachay Ciudad del Conocimiento y que antes de extinguirse pasó a llamarse Empresa Pública Siembra (EP), vuelve al debate público producto de las denuncias de varios asambleístas aduciendo un mal manejo de recursos, y por las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien aseguró que en esta iniciativa se habrían “despilfarrado” alrededor de $1.000 millones de dólares.
Desde los defensores de este plan, incluido el expresidente Rafael Correa, se defiende esta propuesta, sobre todo por los resultados académicos que la Universidad Yachay Tech habría logrado en sus pocos años, a pesar de no ser parte de la empresa pública antes mencionada. En medio del debate, los actores políticos aprovechan para plantear sus posturas ideológicas sobre el rol de los gobiernos en la generación de emprendimiento, tecnología e innovación. Frente a esta temática ¿cuál es el verdadero rol que un Estado debería tener?
En el mundo moderno, la innovación, la cual para efectos prácticos se puede entender como invenciones comercializables, es el principal pilar del desarrollo de las sociedades industrializadas. La razón es sencilla: en los países en donde se generan los nuevos inventos que pueden captar mercados globales, son los lugares que permiten la creación de empresas con productos de rápido crecimiento, que a su vez, generan millones de fuentes de empleo. En principio, mientras más grupos de empresas con productos relacionados, o mayores proveedores locales de componentes, mayor encadenamiento productivo y, por ende, mayor potencial de generación de empleo. Al mismo tiempo, mientras mayor la variedad de productos que nacieron como invenciones comercializables, mayor la diversificación económica, resultando en una mayor resiliencia de un país frente a problemas externos.
En el país, el rol del Estado en la generación de innovación, como en muchos casos a lo largo de nuestra historia, ha terminado polarizándose. Por un lado nos encontramos con la visión liderada por el expresidente Correa, en cuyo gobierno se propuso el paradigma de “cambio de matriz productiva” y dentro de ella la noción de que las invenciones se iban a producir, en gran parte, en un nuevo ecosistema, enfocado en la generación de tecnología, alejado de forma intencional de todos los centros productivos y financieros del país. Desde su erróneo concepto base, sumado a los graves errores de administración cometidos durante la generación del proyecto, además del abandono por parte del nefasto gobierno de Lenín Moreno en materia de ciencia e innovación, todo condujo a que ninguna invención comercializable salga de este fallido ecosistema.
En el otro lado de la moneda, tenemos la visión del actual gobierno, desde donde se plantea que el camino de un país frente a la innovación viene predeterminado por las condiciones de libre mercado. Bajo esta premisa, el Estado no debe atreverse a liderar nuevos mercados, sino más bien reducir al mínimo su participación. Esta visión también es errónea, puesto que, en materia de generación de invenciones comercializables, estas no se crean de forma espontánea producto de las fuerzas del mercado, sino más bien, son el resultado de decisiones estratégicas del sector público.
Para muestra de ello, podemos tomar varios ejemplos del sistema estadounidense, muchas veces preferido por los afines a la idea del libre mercado. Uno de los productos tecnológicos de mayor veneración es el IPhone, incluso muchas veces planteado como el resultado de la innovación sin que ningún gobierno se meta. Pero lo cierto es que varios componentes que hacen que este teléfono sea inteligente, fueron financiados por fondos NO REEMBOLSABLES (en mayúsculas para que no se confunda) del Estado, que fueron invertidos mucho antes de que llegue la inversión privada. Dentro de ese ejemplo está la invención de la tecnología que permite la pantalla táctil, la cual fue creada mediante fondos públicos otorgados por la Fundación Nacional de Ciencia a un investigador y un estudiante de doctorado de la Universidad de Delaware, quienes crearon el emprendimiento llamado FingerWorks. El teléfono también requiere internet para funcionar, y esta invención fue creada por ARPANET, una institución que nació en los sesentas como parte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos con fondos públicos. El sistema de posicionamiento satelital GPS que usa el teléfono para la geolocalización nació de NAVSTAR, un programa que vio la luz en los setenta también con fondos públicos. Para quienes se queden con dudas, y vayan a usar buscadores como Google para revisar estos datos, es quizás bueno saber que el famoso algoritmo de búsqueda de organizaciones como esta empezó con fondos públicos no reembolsables de la Fundación Nacional de Ciencia estadounidense.
En resumen, en materia de innovación -pilar fundamental del desarrollo de las sociedades modernas- ni el gobierno actual ni los anteriores, incluido el gobierno del expresidente Correa, han tenido una visión adecuada, puesto que han antepuesto sus dogmas políticos frente a criterios técnicos de desarrollo, que no han permitido un plan de país en esta materia a largo plazo, ocasionando un borra y va de nuevo cada vez que un gobierno de distinta ideología sube al poder. La cruda realidad es que, en materia de emprendimiento e innovación, el Estado ecuatoriano hasta la fecha es, sin duda, un Estado fallido.